Los datos no dan tregua y vuelven a ser muy preocupantes. Con una curva que ya solo es una recta imparable y veloz que ha alcanzado el máximo nivel de riesgo de rebrote registrado en toda la epidemia, 713,37, con un salto de 77 puntos más que el día anterior. La tasa de incidencia se sitúa en 475 casos por 100.000 habitantes. Y la perspectiva de un acelerón en las próximas semanas, con una velocidad de propagación del virus de 1,50 (un positivo infecta a una persona y media).
El Govern activará un nuevo paquete de restricciones a la movilidad, entre ellas el toque de queda nocturno, en cuanto el presidente del Gobierno firme hoy, tras el Consejo de Ministros extraordinario, el real decreto de estado de alarma.
“Ahora mismo estamos más cerca del descontrol que del control”, definió la situación epidemiológica el jefe de medicina preventiva, Antoni Trilla, a Catalunya Ràdio. “El virus ha pisado el acelerador”, explicó, y “corre más que nosotros”. No es que sea más contagioso que hace unos meses sino que se reproduce con más facilidad porque hay un número mayor de contagiados que a su vez infectan a otros. “Y así hacemos la bola de nieve más grande”.
Falta por ver los resultados de los efectos de suspender la actividad presencial en las universidades y la de cerrar bares y restaurantes, hace casi una semana. Estos datos, que pueden dar algo de aire, podrán evaluarse entre el lunes y el martes. No obstante, la investigadora en biofísica de la UPC Clara Prats no se muestra muy esperanzada al respecto puesto que los indicadores que dispone sobre la movilidad en la ciudad de Barcelona desde septiembre señalan que los desplazamientos han bajado solo ligeramente.
Los centros empiezan a acusar la ocupación con 1.743 pacientes ingresados y 325 en UCI
En los últimos catorce días la tasa de incidencia de las últimas dos semanas llega a los 475 casos por 100.000 habitantes, tocando el umbral de los 500, una cifra que recuerda a la de Madrid en pleno conflicto con el Gobierno y que se quería evitar.
Con todo, preocupa que la presión que la asistencia primaria sanitaria estaba soportando las últimas semanas se ha extendido a urgencias, hospitalizaciones y camas de cuidados intensivo, que rozan el 80% de ocupación. En 24 horas han ingresado 45 nuevos pacientes (1.743 camas en total) ingresos y 29 en la UCI (325). Los fallecimientos ascendieron a 48.
El máximo de contagios también se ha producido en otras comunidades como Murcia, Castilla y León, País Vasco, Asturias, Comunidad Valenciana y Galicia, con récords en las últimas 24 horas. El presidente valenciano Ximo Puig no ha esperado a la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno español, un instrumento jurídico que definió como “más útil” para afrontar la coyuntura, y ha decretado el toque de queda nocturno en la comunidad. “Perder tiempo significa perder vidas, empleo y bienestar”, manifestó.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmará el nuevo real decreto del estado de alarma, como le han pedido ya nueve comunidades autónomas, incluida Catalunya, aunque ninguna gobernada por el PP. Los gobiernos autonómicos quieren disponer de amparo a la hora de establecer restricciones excepcionales adicionales para frenar la propagación de la Covid-19. Si se aprueba, sería el tercer estado de alarma en este año para hacer frente a la propagación del coronavirus, tras el declarado en marzo (prorrogado seis veces, hasta junio) y el de hace apenas un par de semanas para frenar la pandemia en la ciudad de Madrid y otros municipios de la comunidad.
No se descarta la posibilidad de cierres perimetrales o un encierro domiciliario
En cuanto se firme el estado de alarma, el Govern reunirá al Procicat para que apruebe las órdenes que ya tiene sobre la mesa como el toque de queda nocturno, con sanciones económicas por incumplimiento y presencia policial nocturna. Las cifras económicas empujan al Govern a plantearse aplicar un toque de queda entre las 22.00 y las 06.00 horas, pero no excluye adelantar o atrasar una hora. Las medidas serán efectivas una vez se aprueben en el Diari Oficial de la Generalitat.
No se descarta tampoco la posibilidad de cierres perimetrales o un nuevo confinamiento total, acotado en el tiempo, que incluiría la adopción de una medida que el Govern ha querido evitar a toda costa, y dolorosa para la sociedad, como el cierre de colegios. Según reveló ayer la consellera de la Presidència y portavoz del Govern, Meritxell Budó, de concretarse el confinamiento de la población, las escuelas también deberían cerrar “con mucha probabilidad”.
Desde el inicio del curso escolar se había afirmado que las escuelas no suspenderían las clases (presenciales) y que lo último que se haría sería cerrar los colegios por las consecuencias negativas de los confinamientos en los niños.
El conseller d’Educació admitió el viernes que los alumnos solo dejarían de ir a clase si se produce la suspensión de la actividad económica también. Añadió que incluso entonces, permanecerían los comedores abiertos para los alumnos más vulnerables.
Un confinamiento inmediato causaría un nuevo problema educativo pues no podría garantizarse una educación virtual a todos los alumnos, ya que no disponen de ordenadores. Educació ha asegurado que los dispositivos ya han llegado y los servicios informáticos están preparándolos para distribuirlos. El departament pidió a los centros educativos que entreguen mañana lunes una lista con los estudiantes que no tienen ordenador o conexión.
Las sanciones irán de 300 a 6.000 euros, según la gravedad y la reincidencia
El toque de queda no revertirá la orden de cierre de la restauración que está vigente hasta el próximo viernes y que probablemente el Govern prolongará. La consellera de Salut, Alba Vergés, aclaró que el estado de alarma permitirá también al Govern llevar a cabo otras medidas que no desveló. Pero puso de ejemplo la contratación de estudiantes de último curso del grado de medicina y enfermería para el sistema sanitario de cara a reforzar el trabajo en los centros de salud. En esta línea, subrayó que “ya lo hicimos en marzo y fue muy bien. Ahora los centros de salud están tensionados y nos piden estos recursos”.
Por su parte, Miquel Sàmper, el conseller de Interior, adelantó que la vigilancia policial requerirá la coordinación entre las policías locales y los Mossos d’Esquadra y que “habrá multas, sanciones económicas” que irán desde los 300 a los 6.000 euros, en función de la gravedad, en los casos de que se produzca además desobediencia o reincidencia.
Sàmper ha explicado que habrá motivos excepcionales por los que se podrá salir durante la noche como los “laborales, las urgencias médicas y los cuidados a gente mayor”.
