Gobierno, patronal y sindicatos desbloquean el acuerdo en pensiones, que podrían cerrar el lunes
Las partes ultiman los detalles del texto, tras salvar el escollo de la derogación inmediata de la principal herencia de Rajoy: el factor de sostenibilidad
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá, a su llegada a la comisión del Pacto de Toledo. /
Tras los indultos a los presos catalanes, que van este martes, y el fin de la mascarilla en espacios exteriores y la rebaja del IVA de la luz, que irán en un Consejo de Ministros extraordinario este jueves, la próxima cuestión de calado que sacará adelante el Ejecutivo será el primer gran acuerdo en pensiones. Las partes no descartan que pueda ir, en forma de anteproyecto de ley, al cónclave del mismo martes 29 de junio. Aunque dada la complejidad del texto normativo y alguna posible modificación que introduzcan las partes a última hora, su redactado puede demorar el pase hasta el primer martes de julio.
Las negociaciones han sido un continuo toma y daca entre las partes, como momentos de alta tensión y el cartel de "inminente" desde hace más de un mes. No obstante, un enroque en las últimas semanas debido al rechazo del ministro José Luís Escrivá a derogar ya el factor de sostenibilidad del PP en este primer bloque de reformas ha demorado la entente. Pues CCOO y UGT trazaron aquí una línea roja y Escrivá pretendía dejar para el segundo bloque de reformas, tal como se comprometió ante Bruselas, esta cuestión. Este elemento, que pese a que lo aprobó Mariano Rajoy no estaba previsto que entrara en vigor hasta el 2023, ligaba la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida de los pensionistas.
Todas las partes coincidían en que era una merma para el poder adquisitivo de los jubilados -la UE llegó a cifrarlo en más del 30%-, pero diferían en los tiempos. La desconfianza entre Ejecutivo y agentes sociales ha sido un escollo para el acuerdo. Hasta el punto de que el consenso de suprimir ahora este componente de cálculo de las pensiones ya existía a principios de la semana pasada, según reconocen fuentes conocedoras. Pero unos y otros no han acabado dando por bueno ese acuerdo hasta ahora. El lunes está prevista una reunión técnica donde se deja por escrito ese consenso final.
La de las pensiones, junto con la del mercado laboral, son dos de los pilares del paquete de reformas que el Gobierno ha prometido a la Unión Europea. Y de los que dependen la recepción de las ayudas del fondo de recuperación en los dos próximos ejercicios, por un total de unos 18.000 millones en 2022 y unos 17.000 millones en 2023.
Penalizar la jubilación anticipada y cheques de hasta 12.000 euros
El acuerdo en ciernes del diálogo social incorpora varias novedades, como la de fijar por ley la revisión anual de las pensiones al IPC. Otras son un nuevo esquema de incentivos para demorar la jubilación y desincentivos para avanzarla. El texto de uno de los últimos borradores, por ejemplo, incluía una modificación para agravar la actual penalización del 4% sobre la pensión que sufren los trabajadores de rentas más altas cuando se prejubilan con dos años de anticipación, hasta el 21%. El ministro Escrivá pretende aplicar el nuevo esquema a partir del 2024, de forma gradual, durante un periodo de10 ó 12 años
El preacuerdo también incluye una mayor protección en el caso de aquellos trabajadores que recurran al retiro anticipado porque se han visto expulsados del mercado de trabajo; punto por el que han peleado los sindicatos durante la negociación. Y es que una de las novedades que ha consensuado el ministro con la patronal y las centrales es incluir determinados nuevos supuestos como causas "no imputables" al trabajador y que justifican el acceso mejores condiciones a la prejubilación.
Las reformas a la jubilación forzosa es otro tema que ha generado discusión en la mesa del diálogo social. Escrivá les planteó a los agentes sociales endurecerla, hasta el punto de prohibir que cualquier convenio colectivo pactado entre patronal y sindicatos pueda forzar a retirarse a un trabajador antes de que este cumpla los 68 años. Tampoco si, pese a cumplir dicha edad, no reunía los requisitos para cobrar el 100% de pensión. Y dichas jubilaciones forzosas debían vincularse a contratos de relevo con condiciones indefinidas.
