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La propiedad, que corresponde a Núñez i Navarro, no renovará el contrato, y en caso de que los gestores del local no se vayan se abrirá un procedimiento judicial para echarlos
Oriol Hosta, aparejador y pequeño empresario de la construcción, vecino de Gràcia de toda la vida, se fue a vivir hace más de 30 años, cuando se casó, a la esquina de la calle de la Legalitat con Alegre de Dalt. La propietaria, una amiga suya, le advirtió de la proximidad de la sala KGB, en el número 55 de Alegre de Dalt, pero por ese entonces, cuenta, a él, con 28 años, le pareció una cuestión menor.
Ahora, con 65 años que no aparenta, Hosta es portavoz de la plataforma de vecinos afectados por la discoteca, ayer KGB, luego Canela, ahora Draco. Tres nombres y, dice, el mismo problema: ruido, peleas. Noches sin dormir: “Llevo así desde que vivo aquí”.
Ruido, peleas y huevos
Los vídeos que los vecinos han grabado de los sucesos que denuncian dan fe de que los conflictos que allí se dan no son menores. Enfrentamientos de gran violencia entre empleados de seguridad del local y clientes que en algunos casos ponen los pelos de punta.
“He tirado agua y huevos, y han intentado reventarme la puerta de casa”, cuenta Hosta, que denuncia la actitud de los gestores de la discoteca, en sus distintas etapas, y que también tiene reproches para el Ayuntamiento de Barcelona: cree que podría haber hecho más para acabar con lo que considera molestias intolerables: “Tendrían que haber actuado de oficio, han pasado suficiente cosas para que tengan munición para cerrar el local”.
El problema es la calle
Hosta entiende que si el consistorio suspende la licencia de actividad podría incurrir en prevaricación a los ojos de un juez, pero insiste en que esperaban algún intento más de la Administración local de atajar un problema constante.
Ya hace tres décadas, recuerda, había protestas vecinales pidiendo el cierre del KGB. También relata que había bares cercanos que los sábados a primera hora de la mañana bajaban la persiana para evitar que los clientes que salían del local entraran a tomar algo. “Este lío ha existido siempre. La discoteca siempre ha sido legal. Ha tenido problemas de insonorización, cosas así, que ha ido arreglando. El problema es la calle”.
La familia Llobet, dice, estaba al frente del negocio, con la empresa Setraspa, SA, y con el tiempo acabó cediéndolo a un tercero, la sociedad Trisquelcanela. Contactados por este diario, responsables de la gestión de la discoteca explican que el local cumple con todos los requisitos legales y recalcan que ha superado todas las inspecciones.
Precinto
En un momento dado, cuando Setraspa traspasó el local a Trisquelcanela pero no la licencia, el distrito de Gràcia precintó el local por considerar que no era lícito que lo gestionara quien no era titular del permiso. Setraspa recuperó entonces formalmente la gestión y la actividad continuó dentro de la legalidad.
El mismo portavoz con el que ha contactado este diario subraya que en su día hubo diferencias con la propiedad del local, la empresa Núñez i Navarro, que siempre según la versión del empresario, primero aceptó prolongar un contrato al que le quedaba poco tiempo para después anunciar que quería romperlo. Ante ello, prosigue, el juez dio la razón a la empresa, y el contrato se prorrogó.
Fin de año
Ahora, a ese contrato prologado le quedan dos meses y medio, hasta el 31 de diciembre. Cuando esa noche Barcelona despida el año, y es probable que mucha gente lo haga en la propia discoteca, Draco dejará de tener contrato legal de alquiler. Y ese será el punto de inflexión del caso. Pese que Núñez i Navarro prefiere no comentar este asunto, fuentes conocedoras del caso afirman que la empresa no contempla prorrogar la relación y espera que los gestores de la discoteca abandonen el local sin plantear problemas.
Si eso no sucede, el caso será dirimido judicialmente, mediante un proceso de desahucio, que en un caso como este es más rápido que, por poner un ejemplo, el de una familia que no pague el alquiler.
Entretanto, fuentes del distrito subrayan que el diálogo con los vecinos ha sido “permanente” con el fin de “atender sus quejas e inquietudes” y “velar constantemente por la convivencia y el cumplimiento de la normativa”.
Pagar el alquiler
Uno de los datos que no están claros es si los gestores de Draco pagan o no el alquiler a Núñez i Navarro. Las mismas fuentes antes citadas sostienen que hace más de dos años que no abonan el precio estipulado. El portavoz de la empresa que gestiona la discoteca se limita a asegurar que será un juez el que acabe aclarando todos estos puntos.
Lo que sugiere que quizá la historia de Draco, antes Canela, antes KGB se prolongue algo más allá del 31 de diciembre. Pero el hecho diferencial será que a partir de ese día no habrá un contrato legal que ampare a los inquilinos de la discoteca de la calle de Alegre de Dalt.
