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El Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduy ha sancionado por un importe de 179 millones de euros a cinco aerolíneas (Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea) por prácticas abusivas, como cobrar suplementos por el equipaje de mano o por reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes.
La sanción más elevada es para Ryanair, con 107.775.777 euros, seguido de Vueling, con 39.264.412; Easyjet, con 29.094.441; Norwegian, con 1.610.001 euros, y Volotea con 1.189.000 euros, según fuentes del ministerio.
Las aerolíneas han sido multadas, concretamente, por exigir el pago de un suplemento por el transporte de equipaje de mano en cabina, de un sobrecoste sobre el precio del billete por la reserva de asientos contiguos en el caso de menores y personas dependientes y de sus acompañantes y por no permitir el pago en metálico en los aeropuertos españoles.
También por imponer una tasa desproporcionada y abusiva a los pasajeros por la impresión de la tarjeta de embarque, omisiones engañosas de información y falta de claridad en los precios publicados tanto en su propia web como de terceros, dificultando la comparabilidad de ofertas de precios a las personas consumidoras y la toma de decisión por estas.
En el caso de la aerolínea Ryanair además se sanciona una práctica por la cual se cobra una cantidad desproporcionada a los usuarios por imprimir el billete en la terminal cuando no disponen de él.
Consumo explica que para garantizar la proporcionalidad y efectividad de las sanciones impuestas, así como su efecto disuasorio, el cálculo de las sanciones se ha realizado mediante el criterio del beneficio ilícito obtenido, es decir, calculando la multa con base en los beneficios obtenidos por las compañías aéreas por las prácticas infractoras,
Tal y como establece el régimen sancionador de Consumo para las prácticas calificadas como muy graves, las sanciones que se impongan podrían alcanzar hasta entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido cuando este supere las cantidades de las multas estipuladas (entre 100.001 y 1.000.000 de euros).
Con la orden firmada por Pablo Bustinduy se confirman las sanciones que propuso la Secretaría General de Consumo y Juego hace meses y se desestiman, por tanto, los recursos de alzada interpuestos por estas compañías.
Las compañías pueden interponer otro recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses. Una vez transcurrido este plazo, si las compañías no lo han presentado un recurso, la orden será efectiva.
Ryanair apelará la multa
Precisamente, Ryanair ya ha anunciado que recurrirá la multa que le ha impuesto Consumo, una sanción que ha calificado de "ilegal", "infundada" e "inventada" por razones políticas que, dice, violan la legislación europea.
"Estas multas ilegales en España, basadas en una antigua ley de los años 60, previa a la adhesión de España a la Unión Europea, destruirían la capacidad de las aerolíneas de bajo coste de generar ahorro para los consumidores mediante tarifas más económicas", ha advertido en un comunicado el consejero delegado (CEO) de Ryanair, Michael O'Leary.
En este sentido, ha insistido en que el éxito de Ryanair y de otras aerolíneas de bajo coste en España y en toda Europa en los últimos años se debe completamente al régimen de Cielos Abiertos de Europa y a la libertad de las aerolíneas para establecer precios y políticas sin interferencias de los gobiernos nacionales, "que es precisamente lo que estas multas ilegales de España pretenden socavar".
Asimismo, ha indicado que las políticas de equipaje de Ryanair ya han sido aprobadas en múltiples audiencias de tribunales españoles y de la Unión Europea, siendo la más reciente en los juzgados de Barcelona.
En el comunicado, el CEO de Ryanair ha señalado que durante muchos años la compañía ha utilizado tarifas por equipaje y por check-in en los aeropuertos para modificar el comportamiento de los pasajeros, "transformando esto en ahorro de costes a los consumidores en forma de tarifas más bajas".
"Las multas ilegales de hoy en España infringen la legislación de la UE (Reglamento 1008/2008) y serán anuladas por los tribunales de la UE, que han defendido repetidamente el derecho de todas las aerolíneas de la UE a establecer precios y políticas sin interferencias gubernamentales", ha recalcado al respecto.
