Más vale prevenir que curar. Ésa es la máxima que ha acordado aplicar el Ayuntamiento de Barcelona con los conflictos de convivencia en el barrio del Turó de la Peira. Desde hace años, se viene aplicando el Plan de impulso y promoción de la convivencia en Nou Barris, pero en el Turó ha habido disfunciones que han provocado que determinados colectivos actúen “de forma segregada sin capacidad de organización colectiva y desconectados de las dinámicas comunitarias”, según un informe interno del consistorio.
Los datos oficiales son preocupantes. El citado informe señala que, según datos de 2019, “el barrio tiene un 21,8% de población extranjera, casi 5 puntos por encima de los datos del distrito. El Turó de la Peira ha sido un barrio de acogida de población recién llegada desde hace años. El 34,3% de la población del mismo ha nacido en el extranjero”. Con ese caldo de cultivo, los problemas se acentúan.
CONDUCTAS INCÍVICAS
El informe relata también que “los orígenes de esta población son, principalmente, países latinos, sobre todo Bolivia, República Dominicana y Ecuador. El 37,2% de la población extranjera es de países de Centro o Sudamérica. En el 2013, se abrió un oratorio musulmán, que también atrajo al barrio un colectivo de origen pakistaní, actualmente el segundo más numeroso de población extranjera, que supone un 6,2% de la inmigración en el barrio”.
Jóvenes de grupos latinos se reúnen en el Turó de la Peira / EUROPA PRESS
El alto porcentaje de colectivos foráneos trajo también fricciones de convivencia. “Parte de esta población de origen latino reproduce conductas sociales de sus países de origen, que tiene que ver con la presencia intensiva del espacio público, con prácticas de consumo de alcohol y habitualmente en grupos numerosos, sobre todos durante los meses de verano. Prácticas que a menudo se acompañan de ruido, música con volúmenes elevados, abandono de basuras en los lugares de encuentro y otras conductas incívicas”, explica el documento.
EL PELIGRO DEL RACISMO
En otras palabras, el informe reconoce que la zona se ha convertido poco menos que en el Territorio Comanche del distrito. “Esta situación plantea dificultades de cohesión social, que inciden negativamente en la convivencia en el barrio y que generan en otros sectores de población un discurso racista. En algunos rincones del barrio, como el Parque del Turó de la Peira, se concentran especialmente este tipo de prácticas y son motivo de quejas reiteradas por parte de vecinos”.
En otro momento, el texto subraya que “la situación actual de pandemia ha traído nuevos conflictos en el espacio público del barrio, donde se pueden observar grupos diversos que no siguen las recomendaciones sanitarias y que generan malestar social”. Eso se debe a que algunos no usan mascarilla ni mantienen las distancias de seguridad, generando por ello situaciones de grave riesgo de contagios masivos.
Manifestación contra el racismo en Nou Barris, en el año 2018 / AROA ORTEGA
Fuentes del consistorio manifestaron a Metrópoli Abierta que el pasado verano la Administración ya tuvo que intervenir ante determinadas conductas incívicas, en algunas de las cuales fue necesaria la presencia de la Guardia Urbana. Se dedicaron también mediadores y educadores para corregir algunas de esas conductas e intervenir en los conflictos.
OBJETIVO: INTEGRAR A LOS GRUPOS DÍSCOLOS
En ese momento, según las fuentes consultadas, se estudió la situación junto a entidades cívicas y asociaciones de vecinos y se llegó a la conclusión de que “hay un grupo numeroso de personas extranjeras con fuerte presencia en el barrio y es preciso integrar a estos grupos en entidades y asociaciones para que puedan tener voz en el distrito y ante las instituciones”. De ahí salió la necesidad de contratar un servicio de mediación.
“Pero ese servicio que, en principio es para negociar la integración de los grupos en las asociaciones vecinales, puede aprovecharse también en caso de que haya problemas. ¿Porqué no? De lo que se trata es de que esos colectivos se sientan más integrados, pero en caso de conflicto habrá que tomar decisiones para solventar los problemas puntuales”, argumentan desde el consistorio.
El Parque del Turó de la Peira, con excelentes vistas de Barcelona / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
COSTUMBRES FORÁNEAS VERSUS COSTUMBRES LOCALES
Los dirigentes municipales son conscientes de que “estos colectivos tienen sus propias costumbres, que en ocasiones chocan con las costumbres locales. De lo que se trata es de que todos podamos convivir con el mayor respeto a los demás”. El mayor peligro, no obstante, es la posibilidad de que se produzcan brotes de xenofobia por parte de algunos colectivos, proclives al populismo y a las arengas con ribetes racistas.
El informe justificativo del Ayuntamiento –para decidir contratar una empresa mediadora– resalta que “este contrato es necesario para realizar actuaciones orientadas a dar continuidad al trabajo realizado en los últimos años en relación con la gestión de conflictos de naturaleza social en el espacio público. La intervención ha puesto de manifiesto la presencia de colectivos que conviven en el barrio del Turó de la Peira, pero que actúan de forma segregada sin capacidad de organización colectiva y desconectados de las dinámicas comunitarias. Esta situación plantea dificultades de cohesión social, que inciden negativamente en la vida del barrio, donde se dan conductas incívicas y poco respetuosas con el entorno, que son motivo de quejas reiteradas por parte de vecinos y vecinas”.
Colectivos inmigrantes se manifiestan en Barcelona, en una imagen de archivo / EUROPA PRESS
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
Otro informe municipal explica que las intervenciones en el barrio durante los últimos años han supuesto “una oportunidad para conocer la situación del Turó de la Peira y entender la necesidad de gestionar el espacio público como un lugar de ponderación de derechos de vida comunitaria, de fortalecimiento de las redes relacionales, promotor de valores democráticos e inclusivos y para la creación de comunidad. Pero requiere un trabajo de continuidad, con estrategias de apoyo y acompañamiento comunitario para consolidar hitos logrados, sin desatender la tarea limitadora de conductas y la gestión de los conflictos”.
La empresa adjudicataria tendrá una ardua tarea por delante. Además de las redes de colaboración, intentará que estos colectivos se sumen a las dinámicas del barrio para “tejer acción colectiva”. Por ejemplo, haciendo que los grupos de extranjeros puedan participar en actividades tan señaladas como la cabalgata de los Reyes, el Carnestoltes, la verbena de Sant Joan, Sant Jordi o diferentes festejos. Esta línea de actuación se sumará a otras, como la promoción de nuevos liderazgos, la asunción de toma de decisiones por parte de estos colectivos en espacios de trabajo abiertos o la mediación para “reconducir prácticas no respetuosas con las personas y con el medio para generar modelos de convivencia positivos”.
CONTROLAR LA VERBENA DE SANT JOAN
Desde el consistorio destacan que, con la llegada del frío, los problemas han disminuido mucho, ya que los colectivos no toman la calle ni los espacios públicos. Pero uno de los objetivos primordiales será prevenir la convivencia para “garantizar una verbena de Sant Joan en el Parque del Turó de la Peira que sea una alternativa real a la situación de conflicto que se generaba en este espacio antes de la intervención , y por tanto que preserve las relaciones entre le vecinazgo del barrio y que active mecanismos de control de los riesgos que se dan esa noche específicamente”.
Una hoguera de Sant Joan en el Turó de la Peira / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
De ese modo, el pasado 15 de diciembre, el consistorio otorgó un contrato por un año a la firma Progess, Projectes i Gestió de Serveis Socials para “el fomento de la participación comunitaria de colectivos con especial dificultad de integración social y de intervención en el espacio público, con el objetivo de ayudar a construir un proyecto comunitario que contribuya a la mejora de la convivencia y la cohesión social en el espacio público del barrio del Turó de la Peira”. El contrato, que costará a las arcas públicas 74.044 euros, podrá ser prorrogado por otro año si la situación no cambia durante el 2021.
