Metropoli
Interior de la cárcel de Mas d'Enric / EUROPA PRESS
La excarcelación de Jamal Anin, un hombre condenado a 31 años y medio de prisión por dos agresiones sexuales y un robo con intimidación, ha reavivado el debate sobre la gestión de los delitos sexuales y el seguimiento a los agresores reincidentes en Catalunya.
Tras casi 20 años en prisión —el máximo tiempo de cumplimiento efectivo según la legislación penitenciaria—, Anin ha abandonado este jueves, 14 de agosto, el centro penitenciario de Mas d’Enric (Tarragona), sin haberse rehabilitado y con un elevado riesgo de reincidencia, según ha publicado El Periódico.
Los hechos por los que fue condenado ocurrieron en el verano de 2005, cuando Anin, residente en El Prat de Llobregat y entonces de 20 años, agredió sexualmente a dos mujeres —una turista holandesa en Gavà y otra mujer en Castelldefels— amenazándolas con una navaja.
En el segundo ataque, además de violar a la víctima, la hirió físicamente y le robó. El análisis de ADN permitió relacionar ambos crímenes y confirmar su autoría.
Alerta policial y seguimiento discreto
La excarcelación del agresor ha activado los protocolos de alerta de la policía autonómica catalana. En casos como este, en los que los informes penitenciarios alertan de un riesgo elevado de reincidencia, se notifica a la fiscalía provincial, que puede solicitar a los Mossos d’Esquadra medidas como la comunicación obligatoria del domicilio, controles periódicos o un seguimiento discreto.
Un agente de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Además, se ha informado a las víctimas de que su agresor ha sido liberado, una medida incluida en el protocolo de atención y prevención de la revictimización. La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima está coordinando con las oficinas territoriales la activación de posibles mecanismos extraordinarios de protección.
Sin tratamiento obligatorio
Uno de los puntos que más controversia ha generado en este caso es que los condenados por delitos sexuales no están obligados a participar en programas de tratamiento durante su estancia en prisión.
La intervención con psicólogos, terapeutas o trabajadores sociales es voluntaria, incluso en casos de alta peligrosidad, lo que según algunos expertos en violencia sexual deja un vacío importante en la prevención de futuros delitos.
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