Unas 110 personas constan como empadronadas en este espacio
Desde primera hora de este lunes, más de 300 efectivos —entre Mossos d’Esquadra, Policía Local de Mataró y personal especializado— participan en un amplio dispositivo para desalojar un macroasentamiento ilegal en suelo agrícola protegido a las afueras de la capital del Maresme.
El operativo, ordenado por el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Barcelona a requerimiento del Ayuntamiento de Mataró, busca desmantelar un campamento que se ha ido consolidando en los últimos años sobre terrenos con alto riesgo de incendio y de especial valor medioambiental.
15 hectáreas afectadas
El despliegue comenzó alrededor de las 7.40 horas y afecta a unas 15 hectáreas del espacio agrario Cinc Sènies-Mata-Valldeix, justo por encima de la autopista.
Según informa 3catInfo --el nuevo portal informativo de TV3-- se habían instalado progresivamente todo tipo de estructuras: desde bungalós con piscina y barbacoa hasta caravanas y barracones improvisados.
Algunos de los ocupantes pasaban fines de semana, mientras que otros residían de forma permanente e incluso se habían empadronado en el lugar: un total, constan unas 110 personas empadronadas.
El dispositivo no solo cuenta con agentes uniformados y antidisturbios dela Brigada Móvil (Brimo), sino también con vehículos especializados para retirar materiales y furgonetas preparadas para el traslado de animales.
El Ayuntamiento de Mataró solicitó el desalojo por el elevado riesgo de incendio y por la proliferación de construcciones irregulares en una zona especialmente sensible.
Los vecinos venían denunciando desde hacía años la transformación de este espacio agrario en un asentamiento permanente y su consiguiente degradación medioambiental.
Investigación bajo secreto
En paralelo al desalojo, el Área Central de Delitos Económicos y la División de Medio Ambiente de la DIC llevan a cabo registros y comprobaciones en la ciudad de Barcelona relacionados con el caso. Aunque este extremo está blindado bajo el secreto de las actuaciones.
Según el citado medio, la propietaria de los terrenos es la inmobiliaria La Llave de Oro, que los arrendó a la empresa Nayla. Esta última habría parcelado el espacio agrícola y lo habría convertido en un campamento a base de subarrendar parcelas, pese a tratarse de suelo rústico protegido.
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