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En los últimos 20 años, la Seguridad Social ha pasado de registrar un superávit de 6.500 millones en el año 2005 a presentar un agujero contable de casi 70.000 millones de euros, que el Estado tapa casi por completo mediante transferencias procedentes de impuestos y deuda. Un déficit entre los recursos de que dispone el organismo (fundamentalmente ingresos por las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores) y sus obligaciones (pensiones, en su mayor parte) que no ha parado de incrementarse en las últimas décadas.
La Seguridad Social es el organismo público que más presupuesto maneja del país. El año pasado ingresó unos 250.000 millones y desembolsó casi 260.000, que se destinaron a pagar las pensiones públicas, pero también las prestaciones a los trabajadores que están de baja o el ingreso mínimo vital. Junto a la sanidad y la educación, las prestaciones que concede la Seguridad Social son el gran pilar sobre el que se asienta el Estado del bienestar en España.
Hace 20 años, los recursos de la Seguridad Social eran más que suficientes para cubrir sus gastos. En 2005, el organismo recaudaba suficiente de las cotizaciones sociales como para hacer frente a todas sus obligaciones contributivas. De hecho, de los 103.555 millones que ingresó el organismo aquel ejercicio, solo 4.349 millones (un 4%) fueron transferencias del Estado con las que se pagaron gastos no contributivos (prestaciones asistenciales que no se financian mediante cotizaciones).
La brutal crisis económica de 2008 supuso un punto de inflexión para el sistema, al que las presiones demográficas han ido cargando de presión lenta, pero inexorablemente. La gran recesión disparó el paro y, en consecuencia, redujo los ingresos por cotizaciones sociales, la fuente principal de financiación del sistema. Los 114.797 millones de euros que la Seguridad Social ingresó por cotizaciones en 2008 no se volvieron a recuperar hasta diez años después.
Sin embargo, mientras los ingresos quedaban paralizados, el gasto en prestaciones de la Seguridad Social siguió creciendo. Aunque el Gobierno de Rajoy congeló las pensiones durante varios años y hubo otros en que aplicó subidas modestas, el gasto siguió creciendo, impulsado por el efecto silencioso de la demografía. Las cuentas de la Seguridad Social entraron en déficit por primera vez en 2011, un desequilibrio que se ha seguido acentuando año tras año desde entonces.
La recuperación económica tras la gran recesión y el boom laboral que se ha vivido desde la pandemia volvieron a disparar los ingresos de la Seguridad Social. Sin embargo, sus obligaciones han crecido mucho más rápido. En los últimos 20 años, la recaudación por cotizaciones contributivas ha crecido un 90,1% (de 92.929 a 176.618 millones).
Sin embargo, los gastos en prestaciones contributivas que da la Seguridad Social han crecido mucho más: lo han hecho un 175% (de 78.975 a 217.490 millones). El gasto también ha crecido notablemente en otras prestaciones como la incapacidad temporal (bajas médicas), disparándose un 157% (de 8.591 millones en 2005 a 22.061 en 2024, último dato disponible).
La estadística de pensiones y pensionistas del sistema contributivo ayuda a entender lo que ha sucedido. Desde 2005, el número de pensiones contributivas activas en el sistema ha aumentado en 2,3 millones (un 28,8%). A este fenómeno, hay que añadirle que los trabajadores que se jubilan ahora han tenido carreras más largas y estables que sus predecesores, lo que les da derecho también a una mejor pensión.
Esto ha provocado que el importe de la pensión inicial (la primera que se cobra al jubilarse) se haya triplicado en 20 años. A ello hay que sumar el gasto en revalorizaciones, que se ha duplicado, y el de otras partidas de menor impacto, como el aumento de los complementos a mínimos y otros complementos como el de la brecha de género.
Para tapar ese agujero, que se ha acentuado también por el aumento en las prestaciones asistenciales como las pensiones no contributivas o la introducción del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el Estado está teniendo que transferir cada vez más recursos a la Seguridad Social. El año pasado, esa transferencia fue de 61.344 millones de euros, 14 veces más que el importe registrado 20 años antes.
Esos ingresos proceden de la recaudación de impuestos y en menor media de la emisión de deuda, dos fuentes de financiación que cada vez son más importantes para pagar las pensiones, con las consecuencias que supone contar con menos recursos para financiar el resto de servicios públicos.
La deuda de la Seguridad Social
Los años continuados de déficit en las cuentas de la Seguridad Social han dejado huella en su patrimonio. Durante los años de la crisis, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (conocido popularmente como la 'hucha' de las pensiones) ayudó a amortiguar el impacto de la recesión en las cuentas del organismo.
La hucha llegó a contar con 66.800 millones de euros de reservas en el año 2011, sin embargo, desde entonces se fue vaciando para poder hacer frente a los pagos de las pensiones en momentos de gran dificultad financiera para el país. La consecuencia de ello es que en el año 2018 la hucha estaba ya prácticamente vacía, mientras la deuda de la Seguridad Social (en esencia, préstamos a interés cero que le concede el Estado) siguió aumentando.
Desde el año 2015 el patrimonio neto de la Seguridad Social (el dinero que tiene en el fondo de reserva descontando la deuda) es negativo. Es decir, sus deudas superan a los recursos que tiene para hacerles frente. Una situación que se ha acentuado muchísimo en la última década. Pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a rellenar la hucha de las pensiones (en 2025 contaba ya con 14.000 millones), la deuda del organismo supera ya los 136.000 millones de euros.
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