Mogán se harta y lleva a Las Palmas a 200 inmigrantes dejados a su suerte en sus calles
Interior, que admite que no había recursos de acogida para ellos, pide información sobre este traslado
Abc ......... Pablo Muñoz
La situación en Canarias es insostenible. Las pateras no dejan de llegar y cada vez son más los inmigrantes varados en tierra a la espera de ser atendidos. Por si faltaba algo, ayer por la tarde, en una jornada en la que fueron auxiliados otros 600 náufragos, 200 inmigrantes irregulares fueron desalojados del muelle de Arguineguín, donde se encontraban hacinadas a principio de la jornada más de 2.000 personas. El Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria) respondió a este movimiento fletando autobuses para llevar a este grupo, compuesto en su mayoría por marroquíes, hasta las inmediaciones de la Delegación del Gobierno y el Consulado de Marruecos en Las Palmas.
Las autoridades de Mogán, municipio del que depende la localidad de Arguineguín, y ante la eventualidad de tener a 200 inmigrantes «sin papeles» vagando por sus calles, no dudaron en tomar esta decisión. Se trata de un desafío en toda regla, que además demuestra el hartazgo por la situación que se vive desde hace bastantes semanas por la continua llegada de pateras. La reciente visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha servido de momento para mejorar la situación. De hecho, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, denunció que la Delegación del Gobierno no le dio una explicación sobre quién tomó la decisión de que esas personas salgan del muelle.
Fuentes de Interior confirmaron a ABC que en el Ministerio están investigando los detalles que han propiciado que este grupo de inmigrantes haya sido trasladado hacia Las Palmas desde el campamento del muelle de Arguineguín. No obstante, estas mismas fuentes admitieron que los servicios asistenciales están totalmente desbordados y precisaron que ninguna persona, una vez superado el trámite de reseña policial, «puede ser legalmente retenida salvo por causa justificada, como por ejemplo en caso de medidas sanitarias como la cuarentena». El desalojo, según Interior, responde a una «solución puntual», aunque avanzan que se les está buscando un lugar para ser reubicados.
La decisión causó sorpresa, primero, y después indignación. En declaraciones a Efe, el magistrado de vigilancia del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco en Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, calificó como «penoso e irresponsable» que el Gobierno abandonara a su suerte a este contingente de inmigrantes.
Desbordados
Y nada apunta a que los problemas se disipen, ya que las últimas llegadas no parecen aliviar las cifras de pateras que registra el Archipiélago. La presión migratoria no da tregua y en lo que va de año las llegadas irregulares por vía marítima a Canarias se han multiplicado por 11. De los 1.497 «sin papeles» que arribaron por mar hasta sus costas a estas alturas del año en 2019, a los 16.760 registrados por el Ministerio del Interior en su balance de situación hasta el 15 de noviembre del presente ejercicio.
Además, este crecimiento exponencial impulsa las cifras de inmigración ilegal en el conjunto nacional, que ya se sitúan un 23,5 por ciento por encima de las del año precedente. Hasta mediados de noviembre, Interior ha registrado la llegada de 33.946 inmigrantes sin papeles a España por cualquier vía, tanto terrestre como marítima. El año pasado a estas alturas eran 27.495. La cifra sigue sin llegar a los niveles de 2018 -55.949 por estas fechas-, cuando en verano se sucedieron los saltos violentos en las vallas de Ceuta y Melilla a la par que la presión por vía marítima desbordaba los servicios asistenciales andaluces; pero la evolución desde el verano apunta hacia una tendencia preocupante.
En los primeros seis meses del año, con la primera ola de coronavirus, el control marroquí hizo caer de forma muy notable el flujo migratorio hacia las costas españolas. No obstante, una vez que decayó el primer estado de alarma, las pateras volvieron a salir con más intensidad hacia Canarias, donde la situación sólo es comparable con la crisis de los cayucos de 2006.
