Mañana complicada en el barrio de Porta, en el distrito de Nou Barris. Unos 60 efectivos de la ARRO de los Mossos d'Esquadra han desalojado este miércoles, 3 de mayo, a dos decenas de okupas del número ocho de la calle de Artà.
No es la primera vez que la policía actúa en el inmueble: el último intento fue el pasado 25 de abril. En aquella ocasión, uno de los okupas, Iura, amenazó con arrojarse al vacío desde el terrado. El hombre, según ha podido saber Metrópoli, padece trastornos de salud mental y, según el grupo, posee un informe de vulnerabilidad, motivo por el que se aplazó el desalojo una semana más.
Un mosso de la ARRO frente al edificio okupado / CEDIDA
INSALUBRIDAD
Hasta la vivienda se han trasladado varias decenas de efectivos de la ARRO de los mossos, así como Bomberos y algunas dotaciones del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Según fuentes de la policía catalana, los dos áticos okupados estaban en condiciones deplorables. Una insalubridad que afectaba tanto a los ocupantes de los pisos como a los vecinos.
El número 8 de la calle de Artà en Nou Barris / GOOGLE MAPS
RECHAZO A LA OLEADA DE OKUPACIONES
CGT Bombers de Barcelona y Acció Social CGT Catalunya han denunciado en un comunicado la "oleada permanente de desalojos" así como "la represión constante contra el movimiento por la vivienda".
Por su parte, el Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu, que okupó el edificio el 23 de abril del 2019, asegura que la juez tiene toda la documentación de Iura, que está dentro del circuito de servicios sociales, a la espera de conseguir un piso de protección oficial. El hombre cobra del paro 800 euros al mes y se intentó suicidar hace 13 años.
Vuelven los botellones y las fiestas a los búnkeres del barrio barcelonés de El Carmel. En lo que ha sido la segunda noche del cierre gracias al vallado instalado por el ayuntamiento que rodea las antiguas baterías antiaéreas del Turó de la Rovira, varios grupos de turistass se han colado en el interior y han celebrado fiestas hasta ya entrada la noche.
Si bien no se puede hablar de los masivos botellones y fiestas que contaban con DJ y grandes equipos de música, una constante que duró hasta unas pasadas semanas, si demuestra que los vecinos de barrio, como ya advirtieron a Metrópoli, tenían razón: "El vallado será una medida ineficaz", explicaban, al tiempo que aclaraban que la gente o bien se colaría o bien se desplazaría a las inmediaciones.
Grupos de jóvenes junto a una antena de los búnkeres, este sábado / MA - JORDI SUBIRANA
Y eso mismo es lo que ha sucedido. Durante la primera noche del cierre con vallado, los turistas se acumularon a las afueras del recinto. No acceder no supuso que desistieran de hacer botellones. Ahora, con la segunda, algunos han llegado a colarse en el recinto para continuar lo que casi parece ya una tradición que, no obstante, ha ocasionado grandes problemas a los vecinos, que no podían dormir por el ruido.
NUEVAS MEDIDAS
La concejal del distrito, Rosa Alarcón, ha reconocido que la medida del vallado no ha sido suficiente. Considera que hará falta, aproximadamente, un año hasta que desde el consistorio barcelonés puedan cambiar el hábito de promoción de las fiestas y la imagen que tienen los búnkeres en redes sociales como enclave de fiesta y botellón. Mientras tanto, ha avanzado que habrá que hacer un refuerzo en la zona por parte de la Guardia Urbana.
Vendidos y desprotegidos. Así es como se siente una parte de los agentes de los Mossos d'Esquadra tras el ataque sufrido la madrugada del pasado viernes, 28 de abril, en la comisaría de El Prat de Llobregat. Los policías de la región metropolitana sur creen que los efectivos para hacer frente a estas desbordantes situaciones no son suficientes: "Somos patéticos", han asegurado fuentes de los mossos a Metrópoli.
Se trató de una venganza: pocos días antes, el 26 de abril, la policía catalana detuvo a cinco personas de Sant Cosme, barrio donde se llevó a cabo un operativo contra el tráfico de marihuana. El golpe no sentó bien a dos importantes clanes gitanos de la zona, por lo que decidieron tomarse la justicia por su mano: lanzaron enormes piedras contra las dependencias policiales, pero también a los vehículos que pasaban por la zona. ¿El resultado? Un taxista herido, otro conductor de autobús afectado, contenedores quemados y multitud de destrozos.
Una de las piedras que han lanzado en la comisaría del Prat de Llobregat / CEDIDA
"FALTA GENTE"
Algunos agentes relacionan esta desprotección con el número reducido de efectivos presentes en comisaría, especialmente durante los turnos nocturnos: "Lo de siempre, falta gente", han lamentado a este medio. "No puede ser que la comisaría esté rodeada de gente por la mañana, que en el turno de tarde ya haya menos y, por la noche, sean cuatro gatos".
Consecuencias, dicen, de "no incentivar las horas extras de noche para cubrirlas": "En Barcelona hay mucha policía, pero en la periferia no tanta. Hay veces en las que solo ha habido una furgoneta con cuatro agentes para todo un municipio", ha reconocido una parte de la plantilla.
ESCUDOS Y ARMILLAS QUE NO PROTEGEN
El suceso indignó todavía más al cuerpo por una foto que circuló entre los policías: la imagen mostraba a un agente sin uniformar, vestido de paisano, equipado con un casco, un chaleco y un escudo. "Como no había patrullas disponibles para controlar la situación, los de paisano se disfrazaron de antidisturbios y formaron en el exterior una línea policial como pudieron", denuncian las fuentes consultadas para este artículo.
Tal y como ha podido saber Metrópoli, en todas las comisarías se imparte una formación de orden público para defender el Área Básica Policial (ABP) ante un ataque como el ocurrido en El Prat. "Es una pequeña formación de uno o dos días en la que se enseña a todos los agentes a usar los cascos, escudos y las defensas largas", han detallado los policías. Sin embargo, estos conocimientos están lejos de ser suficientes ante una acometida de casi un centenar de personas: "En la foto se ve claro que la armadura que el agente lleva no le protege los brazos como sí hacen las de los antidisturbios, que pesan unos 11 kilos y son blindadas. Tampoco lleva espinilleras. Esa armilla aguantará, como mucho, algún disparo o navajazo", han denunciado.
Un agente de los Mossos la noche de los disturbios en El Prat / CEDIDA
APOYO CLASE POLÍTICA Y POLICIAL
Algunos de los sindicatos mayoritarios dentro del cuerpo policial han denunciado lo sucedido. El portavoz de USPAC, Albert Palacio, apunta directamente a las altas esferas: "Necesitamos tener el apoyo de la clase política y policial. Muy probablemente, los compañeros no quisieron jugársela porque eran muy pocos y la gente está casada o tiene hijos", ha razonado Palacio a este digital. "Esto lo arreglaríamos si tuviésemos la confianza y la autoridad que ya hemos perdido. Los mismos compañeros están rabiosos de no ser más", ha asegurado.
En la misma línea, el sindicalista ha sacado otra cuestión a relucir: "Si a la mínima que trabajas sale un vídeo de 15 segundos en las redes sociales con el que te pueden apartar de empleo y sueldo, obviando una intervención que igual ha durado cinco minutos, tampoco se actúa", ha denunciado Palacio, que lleva años pidiendo cámaras unipersonales para los agentes y la mejora de las que los jefes de turno portan consigo.
"CLARA Y CONTUNDENTE RESPUESTA"
El sindicato SAP-FEPOL también se ha pronunciado. La sección sindical tiene claro que las maneras en las que se produjo el ataque tenían "la clara intención de herir a cualquier policía o ciudadano que estuviese en su interior": "Nos da igual si se ha perpetrado por parte de unos delincuentes que han visto peligrar su negocio ilícito de venta de droga o por otro colectivo con la intención de herir o matar", han explicado en un comunicado.
Por ello, el grupo ha exigido "una respuesta clara y contundente contra los autores de este nuevo y clarísimo atentado contra el cuerpo de Mossos d'Esquadra". El SAP-FEPOL ha pedido que se lleve a los responsables a cumplir una sentencia judicial ejemplar, sobre todo porque "los hechos no son nuevos". La sección sindical ha recordado en las mismas líneas el ataque por parte de unos manifestantes a la comisaría de Vic en 2021: 11 agentes resultaron heridos entonces. "Se nos aseguró un incremento de las medidas de protección de nuestras comisarías y un cambio de modelo en la construcción de nuevas infraestructuras. ¿Qué se ha hecho al respecto?", se ha preguntado el sindicato.
LIBERTAD CON CARGOS
Los Mossos d'Esquadra, en una rueda de prensa organizada en El Prat este miércoles, 3 de mayo, han dado detalles del macro operativo que es el origen del conflicto. En colaboración con la Policía Local, más de 200 agentes desmantelaron 12 plantaciones en un edificio que gestionaban dos clanes gitanos de Sant Cosme. Al día siguiente se recuperaron 3.500 plantas más que habían abandonado en diferentes contenedores de la zona propiedad de otros cultivadores. El total de sustancias intervenidas, ha informado la policía catalana, tiene un valor de más de dos millones de euros en el mercado ilícito.
Se detuvo, además, a cinco hombres y a una mujer de entre 20 y 79 años que acumulan 57 antecedentes y que ya están en libertad con cargos. Además de la droga, los investigadores decomisaron 1.605 euros en metálico, un subfusil de airsoft, una pistola detonadora y casi 300 cartuchos de caza.
Las casas de Sant Cosme que albergaban plantaciones de marihuana / MOSSOS D'ESQUADRA
ENTRADAS TAPIADAS
El Ayuntamiento de El Prat decretó la inhabilitación de los pisos para impedir la actividad y una comisión técnica del departamento municipal de urbanismo tapió los pisos. Los técnicos de la compañía subministradora de energía calcularon que la defraudación de fluido eléctrico asciende a 212.000 euros durante el último año.
Fuentes municipales, por su parte, solo han declarado a este digital que se remiten a la información publicada por los mossos.
El Ayuntamiento pierde tres contratos de seguridad para Barcelona que afectan a la cartera de Vivienda y a la Vuelta Ciclista a España. El sindicato de seguridad ADN denunció las tres licitaciones por no cumplir con la ley de seguridad privada o con la ley de contrataciones públicas y, tras la revisión por parte del consistorio, dichos contratos han quedado sin efecto alguno a la espera, en principio, de poder reformularse con un texto acorde a lo marcado por la legislación vigente.
En cómputo, se trata de contratos para los que el consistorio había presupuestado partidas millonariaspara la dotación de un cuerpo de seguridad encargado de la vigilancia de eventos e inmuebles, así como también de la instalación de dispositivos de seguridad como cámaras y rejas, entre otros.
VUELTA CICLISTA A ESPAÑA
El primero de los contratos hace referencia a la Vuelta Ciclista a España de 2023, un evento deportivo que comenzará en la playa del Somorrostro en la capital catalana. La 78ª edición del evento deportivo pasará por 21 etapas hasta finalizar en Madrid a partir del próximo 26 de agosto, por lo que quedan poco más de cuatro meses para que todo esté a punto para llevar a cabo el evento. Hay una falla, la seguridad. Y es que el consistorio licitó un contrato por los servicios de logística e infraestructura por valor de 762.426,19 euros. Con la aplicación del IVA, la cuantía asciende a 922.535,69 euros.
"Es responsabilidad del Institut Barcelona Esports (IBE) dar respuesta, por un lado, a los compromisos expresados en el contrato firmado con la empresa UNIPUBLIC S.A.U. (organizadora de la Vuelta Ciclista) y, por otro lado, cubrir las necesidades municipales deportivas derivadas de la celebración de este gran acontecimiento deportivo en la ciudad de Barcelona", reza la memoria del contrato. Entre las funciones de la adjudicataria se encuentran: Garantizar la seguridad de los ciclistas y el público, dar visibilidad del Ayuntamiento como promotor de la Vuelta Ciclista y proyectar una buena imagen de la ciudad de Barcelona, entre otras cuestiones. La duración del mismo se alarga durante el tiempo en el que la competición esté activa en la ciudad, es decir, en la contrarreloj y la primera etapa de principio a fin.
Imagen de archivo de La Vuelta Ciclista a España / EFE
Entre las necesidades licitadas está la contratación de servicios de seguridad. "Entendemos que, desde el punto de vista conceptual, no se pueden considerar infraestructuras los mencionados servicios prestados que, en cualquier caso, consistirían simplemente en la custodia de las mismas (infraestructuras). Por este motivo, siguiendo el espíritu de la Ley 9/2017 (...) se propone dejar sin efecto la publicación de este contrato para proceder a una contratación independiente a las dos tipologías de los servicios contenidos en este contrato", reza la justificación del consistorio. Simplificando, el Ayuntamiento da por anulado el contrato para volver a sacar dos nuevos, uno específico de seguridad y otro de logística e infraestructuras. Dicha contratación todavía no se ha materializado.
PROTECCIÓN DE VIVIENDAS
El Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) licitó un contrato para la prestación de servicios de protección de inmuebles adscritos a la institución. Estos pueden ser viviendas, locales y zonas comunes. Los servicios prestados incluyen el alquiler, instalación y retirada de puertas de seguridad con pomo electrónico, rejas y alarmas. Los dispositivos debían estar gestionados vía plataforma web de control de accesos, con el añadido de servicios de acuda y gestión de llaves de los edificios.
El monto total previsto por parte del consistorio para este contrato, cuya fecha final de presentación de ofertas terminó el pasado 3 de abril, era de 2.713.080,30 euros. Este contrato partía de una base de 452.180,05 euros por año con una prolongación de hasta un lustro. A ello, se suma un añadido del 20% de la cantidad (90.436,01 euros) en calidad de modificaciones previstas. En total, la cantidad presupuestada se corresponde con 542.616,06 euros anuales por cinco años. Desde el sindicato aseguran que dicho contrato también ha sido anulado, sin embargo, en la web del IMHAB continúa en fase abierta. Preguntados por este medio, el Ayuntamiento comenta que ya se ha retomado el concurso.
Un bloque de pisos sociales en Barcelona / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
"En vista del informe jurídico del 22 de marzo de 2023, se están recibiendo diversas alegaciones por parte de los agentes del sector de la seguridad de Catalunya, que hacen aconsejable replantear ciertos aspectos previstos en la licitación", reza la justificación del Ayuntamiento, por lo que se procede a "suspender la licitación del contrato (...) para valorar las alegaciones presentadas. Concluido el proceso, el gobierno municipal valorará si retomar el contrato o presentar un nuevo concurso con las variaciones pertinentes.
ALARMAS Y CÁMARAS
La tercera licitación perdida se corresponde con un contrato ofrecido también por el IMHAB para suministrar alarmas de seguridad con cámara, instalación a promociones del parque público del IMHAB y posterior servicio de mantenimiento, servicio de acuda ilimitada y desinstalación con medidas de contratación pública sostenible.
Sobre esta última contratación no hay datos disponibles, pues ha sido retirada de la página de acceso público del IMHAB. Las fuentes municipales consultadas no han arrojado más detalles al respecto. Por otra parte, desde el sindicato detallan que enviaron un correo notificando los fallos en la licitación y automáticamente esta se retiró. Asimismo, suponen que "se intentó ocultar dicha licitación para que no hubiera pruebas de los errores". El Ayuntamiento alega que, de los dos proyectos, el primero ya se ha retomado y el segundo lo hará próximamente.
Un técnico cambiando una de las alarmas de un edificio municipal / ARCHIVO
"Nos estamos encontrando que los responsables de las licitaciones y contrataciones del Ayuntamiento son desconocedores de la ley de seguridad privada", alertan. Por eso mismo, "hemos solicitado al Ayuntamiento que cree su propio departamento de seguridad para asesorar y ayudar a la seguridad integral a todos los departamentos". Siempre, según la organización, desde principios de año se han tumbado otras cuatro contrataciones en este ámbito
