CanalMagazine
En este programa hemos estado en el estudio J.M. Izquierdo, Roberto Parodi, Pedro Moll y Bonik tratando polémicas de Eurovision, la Renta que llega, el DNI Digital, el despilfarro del agua de la lluvia, la inversión en Defensa, el salón del turismo de Barcelona B-Travel, el sueño que conviene para bajar el colesterol, el Pizzafest que viene y algunos otros temas más o menos polémicos pero siempre interesantes.
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20Minutos
El escenario no puede ser más contradictorio: mientras la Seguridad Social intenta gestionar el bienestar de millones de personas, sus propios trabajadores no lo están pasando bien. La huelga indefinida iniciada el pasado 1 de abril en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) cierra su primera semana con un seguimiento mayoritario. Según datos de los convocantes, el paro ha contado con una participación media del 65%, que asciende al 90% en provincias como Madrid, Valencia, Sevilla o Zaragoza.
La movilización, impulsada por directivos y predirectivos territoriales del INSS, busca llamar la atención sobre lo que describen como una situación de colapso en la gestión de las prestaciones. Entre sus demandas, exigen medidas estructurales ante una plantilla envejecida, una sobrecarga crónica de trabajo y la incorporación de nuevas competencias sin refuerzo de recursos.
El conflicto se intensificó tras una reunión mantenida el 26 de febrero con el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. Los representantes del INSS denuncian que no se ha trasladado ninguna propuesta concreta desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Desde entonces, aseguran, no ha habido avances ni canales de negociación abiertos.
Los datos internos recogidos en el comunicado reflejan el alcance de la acumulación de expedientes:
- Más de 133.000 bajas médicas de más de un año están sin resolver (un 80% más que en 2023).
- 82.000 expedientes de incapacidad permanente permanecen pendientes.
- 80.000 reclamaciones del Ingreso Mínimo Vital siguen sin respuesta.
- 42.000 revisiones de pensiones se encuentran en espera, muchas por agravamiento de enfermedad o cambios en la situación laboral.
- Los tiempos de espera en algunos trámites superan los dos años.
Los trabajadores advierten además del impacto de la deslocalización de la gestión, que ha desvinculado los expedientes del lugar de residencia de los ciudadanos. Esta reorganización, señalan, ha contribuido a saturar las unidades de revisión y a debilitar el vínculo entre el sistema y las personas que dependen de él.
ElPeriodico
Un fuego en una terraza de la gran terminal moviliza a los bomberos y al personal interno
Susto en la Terminal T1 del Aeropuerto Josep Tarradellas #Barcelona - El Prat este viernes por la mañana. Un pequeño incendio en una terraza de la T1, la principal terminal de salidas, ha provocado una importante columna de humo. El aeródromo informa que "evita que los pasajeros circulen por las zonas afectadas por el humo" y confirma que "no hay afectación operativa", es decir, que el fuego no altera los vuelos que llegan y salen de El Prat.
Protecció Civil, no obstante, ha activado el plan Aerocat en fase de Alerta ante la presencia de humo en la terminal. Los Bomberos de la Generalitat de Catalunya se han desplazado al lugar para las labores de extinción del incendio. La alerta se mantendrá activa hasta que "se normalice la situación", indica el organismo de emergencias.
Todo apunta a que el incendio en El Prat es de poca relevancia, pero cualquier fuego en una infraestructura aeroportuaria es de gran peligrosidad. Un ejemplo muy reciente es el incendio que tuvo lugar en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, hace dos semanas. Provocó graves alteraciones en el tráfico aéreo internacional, al afectar a más de 1.300 vuelos programados y unos 200.000 pasajeros. Reabrió de forma parcial en cuanto recuperó el suministro aéreo, pero no pudo restablecer su plena actividad hasta el día siguiente.
20Minutos
La proliferación de los pisos turísticos ha provocado que la oferta de este tipo de alojamientos se sitúe ya en casi las 400.000 plazas en las principales ciudades españolas, según datos de Exceltur, asociación sin ánimo de lucro formada por una treintena de las más relevantes empresas de toda la cadena de valor turística.
El problema, ha advertido esta organización, es que dentro de esta tipología de alojamiento se está produciendo un "aumento desbordante de la oferta ilegal". Solo en la ciudad de Madrid, el Ministerio de Consumo ha detectado más de 15.200 pisos turísticos ilegales que se anuncian en plataformas online. "2024 pone de manifiesto la necesidad de gestionar el posicionamiento de mercado y los flujos turísticos en los destinos para mantener un equilibrio con la preservación de la calidad de vida de los residentes", ha asegurado Exceltur.
Y es que este tipo de viviendas, en la mayoría de ocasiones, altera la convivencia en las comunidades de vecinos y puede originar altercados y enfrentamientos entre residentes y turistas. Además, los pisos turísticos también contribuyen a limitar la oferta de alquiler, lo que supone expulsar de los barrios a buena parte de la ciudadanía.
Sin embargo, desde este pasado jueves 3 abril, las comunidades de vecinos podrán negarse a acoger viviendas de uso turístico en su seno y, en caso de aceptar, tienen la potestad de incrementar hasta un 20% la cuota de la comunidad para los propietarios que destinen sus inmuebles a este fin. Se trata de una medida introducida en la Ley de Propiedad Horizontal por la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia para compensar el mayor uso de los servicios e instalaciones comunes como ascensores, escaleras, zonas de recreo y portales, debido a la alta rotación de inquilinos.
En concreto, se ha modificado el apartado 12 del artículo 17 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre la Propiedad Horizontal. "El acuerdo expreso por el que se apruebe, limite, condicione o prohíba el ejercicio de la actividad a que se refiere la letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los términos establecidos en la normativa sectorial turística, suponga o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación", señala.
"Asimismo, esta misma mayoría se requerirá para el acuerdo por el que se establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20 %. Estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos", concluye el artículo. Esta modificación legal faculta además a los presidentes de la comunidades a solicitar el cese inmediato de actividades no aprobadas "bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes" si fuese necesario.
Desde Aestimatio Abogados, especialistas en Propiedad Horizontal, han considerado que estos cambios legislativos representan "un paso significativo hacia una gestión más equilibrada y justa de las actividades de alquiler turístico en comunidades de propietarios". "La nueva Ley Orgánica 1/2025 ofrece herramientas más efectivas para la convivencia armoniosa entre residentes y visitantes temporales, al tiempo que respeta los derechos adquiridos y promueve la toma de decisiones consensuadas".
Este cambio legal, que afecta a todo el territorio español salvo Cataluña, supondrá un ahorro para las comunidades entre 3.000 y 5.000 euros de media, según los cálculos del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid).
"La comunidad ya no se verá obligada a adoptar un acuerdo para impedir que las viviendas del edificio se destinen a uso turístico, sino que ahora la carga recaerá sobre el propietario interesado quien, además de cumplir con la normativa sectorial turística y urbanística, deberá contar con la previa autorización de la junta adoptando un acuerdo por los tres quintos", ha explicado Manuela Julia Martínez, presidenta del CAFMadrid. “Esta reforma de la ley supondrá un importante ahorro de costes para la comunidad, porque ya no tendrá la necesidad de adoptar un acuerdo prohibiendo la actividad, acudir al Notario e inscribirlo en el Registro de la Propiedad", ha precisado.
Metropoli
Hospital Vall d'Hebron de Barcelona
Críticas al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona por no cubrir con nuevas contrataciones las bajas laborales de los Técnicos de Curas Auxiliares de Enfermería (TCAE). El sindicato SAE ha denunciado que el centro sanitario "no cubre las bajas laborales, lo que genera una sobrecarga insostenible en los trabajadores que quedan en activo".
En conversación con Metrópoli, el sindicato ha recordado que el de auxiliares de enfermería es un colectivo particularmente golpeado por el absentismo, que se argumenta por la carga laboral, que se considera muy alta.
Se señala que se dan "lesiones físicas incapacitantes" entre los profesionales, así como también secuelas psicológicas entre los sanitarios en una situación que se describe como un pez que se muerde la cola: a más bajas, más carga laboral, lo que conduce a más bajas laborales.
De hecho, un estudio publicado el pasado 31 de marzo por UGT alerta que 4 de cada 10 sanitarios catalanes están claramente afectados por el estrés e incluso los conocidos como burnouts.
La "sobrecarga insostenible" que denuncia el sindicato, alertan, "repercute negativamente en su bienestar físico y mental y, por ende, en la calidad asistencial que recibe la ciudadanía".
En conversación con este digital, además, explican que existe un cierto miedo porque falta poco para que se terminen los contratos que suelen hacerse como refuerzo durante la temporada alta de infecciones respiratorias. A medida que los contratos terminen, se generará un nuevo goteo de bajas que influirán en la carga laboral de los trabajadores.
Preguntados por este medio, el Hospital Vall d'Hebron ha asegurado que se trata de una situación que se da "en todos los centros" y que, "en casos de absentismo, siempre se sustituyen las bajas salvo en algún caso puntual pero, en cualquier caso, siempre manteniendo las ratios estándar entre TCAE y pacientes".
SAE, por otro lado, detalla que se va recolocando a los profesionales "en los servicios que más falta hacen". El problema de esas recolocaciones o cambios de turno radica en que "siempre queda algún descubierto".
En este sentido, recuerdan que son ellos los encargados de la primera atención, el bienestar y el confort del paciente ingresado en un momento "de cambio en las dinámicas del hospital.
El paciente es un perfil cada vez de edad más avanzada, que presenta pluripatologías, por lo que brindar una buena atención se ha vuelto algo más complejo".
Una ambulancia en las Urgencias del Vall d'Hebron / VALL D'HEBRON
"Exigimos al Institut Català de la Salut (ICS) y a la dirección del hospital que actúen con urgencia y responsabilidad. La cobertura de las bajas es una necesidad para garantizar un sistema sanitario digno, justo y seguro para todos”, explica Elisabeth Jiménez, delegada sindical de FTPS-SAE en Vall d’Hebron.
Al mismo tiempo, SAE también ha denunciado que tampoco se están cubriendo las horas dedicadas a la actividad sindical de los representantes de los TCAE de la institución barcelonesa.
"No cubrir las horas sindicales supone una vulneración directa del derecho a la representación y la defensa de los trabajadores, pues esta práctica impide que los delegados y delegadas sindicales ejerzan con plenitud sus funciones, lo que debilita el diálogo social dentro del hospital y genera un clima laboral de creciente malestar", alertan.
En un sorprendente hallazgo arqueológico, expertos italianos han descubierto un túnel subterráneo que podría conectar la ciudad de Viterbo con Roma, a más de 80 kilómetros de distancia. El pasaje, oculto durante siglos en la roca volcánica de la región de Tuscia, fue descubierto de manera fortuita durante trabajos en el subsuelo del centro histórico de Viterbo. El hallazgo ha dejado perplejos a los arqueólogos y ha avivado las leyendas locales sobre redes de túneles subterráneos en la región.
El descubrimiento ocurrió mientras técnicos realizaban trabajos de excavación en un edificio del centro histórico de Viterbo. Durante las obras, se detectó la entrada a un túnel antiguo, lo que rápidamente alertó a las autoridades arqueológicas. “Nunca había visto algo similar en Italia”, comentó uno de los arqueólogos de la Universidad de Tuscia, quien participa en la investigación.
El túnel, que discurre en dirección sureste, hacia Roma, se encuentra excavado en la roca volcánica característica de la región. Según los primeros estudios, el pasaje tiene un alto de aproximadamente tres metros y un ancho de dos metros. En su recorrido, se han encontrado secciones parcialmente bloqueadas, pero se documentó que el túnel se extiende más allá de la ciudad de Viterbo. “Sabemos que llega al menos hasta la zona de Sutri, a mitad de camino, y es posible que continúe hasta Prima Porta, en las afueras de Roma”, explica uno de los miembros del equipo de investigación.
El misterio en torno a la función original de este túnel subterráneo es aún un enigma. Se especula con varias hipótesis sobre su origen y propósito. Una de las teorías más probables es que podría haber sido una antigua vía consular o un corredor secreto utilizado para comunicaciones confidenciales entre Viterbo y Roma.
Además, algunos arqueólogos sugieren que el túnel pudo haber sido una estructura de origen etrusco, similar a las galeras subterráneas usadas en otras partes de la región de Tuscia con fines militares o de evacuación. El uso de ladrillos y arcos de piedra en algunas secciones del túnel podría indicar intervenciones posteriores, posiblemente durante la época romana o medieval, para reforzar la estructura original.
Los investigadores están trabajando con cautela para proteger el sitio y evitar el robo de los valiosos elementos arqueológicos. La entrada al túnel en Viterbo se mantiene actualmente en secreto para salvaguardar la zona. Se planea realizar un mapeo completo del túnel utilizando tecnologías como georradar para verificar su continuidad bajo tierra hasta llegar a Roma. Además, se colaborará con expertos de los organismos Capitolinos para identificar la posible salida del túnel en las afueras de la capital, en el Parque Veio. “Es crucial proceder con la máxima precaución”, señalaron los arqueólogos, “tanto por razones de seguridad como para preservar cualquier hallazgo en el recorrido”.
Aunque la posibilidad de usar el túnel como una vía rápida entre las dos ciudades aún parece un sueño lejano, el descubrimiento ha reavivado las leyendas sobre antiguos pasajes subterráneos que conectarían diversas partes de la región. En la tradición local se hablaba de rutas secretas, como el famoso “paso de los papas”, que, según algunos relatos, conectaba Viterbo con la Basílica de San Pedro en Roma.
Este hallazgo no es el primero de su tipo en la región. A lo largo de la historia, se han encontrado otros túneles en Viterbo y en ciudades cercanas, como Orte y Narni, que funcionaban como acueductos o refugios antiaéreos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, nunca antes se había identificado un túnel de tal magnitud ni con un posible alcance que conectara dos grandes ciudades.
El descubrimiento del túnel subterráneo entre Viterbo y Roma podría marcar un antes y un después en la historia arqueológica de la región. Si se confirma que el túnel fue utilizado en la antigüedad para fines estratégicos, diplomáticos o comerciales, este pasaje subterráneo se convertiría en un hallazgo único en su tipo, capaz de reescribir capítulos de la historia local y ofrecer una nueva perspectiva sobre las antiguas conexiones entre las ciudades de Tuscia y la capital romana.
Con los estudios en curso, las autoridades esperan que el descubrimiento no solo aporte nuevas luces sobre el pasado de la región, sino que también impulse el interés en el patrimonio arqueológico de Viterbo, abriendo nuevas oportunidades para el turismo histórico.
Beteve
Los sindicatos FTSP-USOC y CCOO aplazan, de momento, la huelga hasta el 30 de abril para dar tiempo al diálogo
El colectivo de agentes de seguridad privada del metro de Barcelona han salido otra vez a la calle este jueves, en la primera de las cuatro jornadas de protesta convocadas este mes de abril. La movilización se ha realizado cerca de la estación de metro de La Sagrera, en la calle de Josep Estivill. El conjunto de los sindicatos del comité de empresa quieren presionar de esta manera a las empresas adjudicatarias del servicio, Securitas y Prosegur, así como TMB, para que se avengan a negociar mejoras salariales. De esta manera, tienen previsto movilizarse las mañanas del 11 y el 25 de abril y el 22 de abril, por la tarde.
Se trata de una reivindicación que viene de lejos. El colectivo asegura que hace 20 años que no tienen una subida salarial. Ahora, explican, se encuentran en negociaciones, pero sin llegar a ningún acuerdo en firme. Es por ello que dan tiempo hasta finales de mes antes de plantear una huelga.
A la demanda de mejora salariales suman la petición de garantizar la seguridad de los agentes, afirman, ante el incremento de las agresiones que sufren. En este sentido, lamentan que se les haya negado la posibilidad de usar el spray de defensa como herramienta de protección y disuasión hasta que un agente perdió un ojo a raíz de una agresión en la estación de Poblenou.
Además, explican que las funciones que deben asumir cada vez son más exigentes y es necesaria una formación específica para llevarlas a cabo.
20Minutos
Instalar un piso turístico en un edificio de viviendas requerirá a partir de ahora contar previamente con el visto bueno de al menos tres quintas partes de la comunidad de propietarios. Este jueves entra en vigor una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal con la que se pretende "empoderar" a los vecinos y frenar la proliferación de viviendas de uso turístico en un momento de crisis habitacional en el que los precios no dejan de crecer y en el que, en algunas zonas, es más complicado encontrar una casa para vivir que para pasar unos días de vacaciones.
El cambio normativo exige que para poner un alquiler vacacional en un edificio sea necesaria la "aprobación expresa" del 60% de los vecinos. "El propietario de cada vivienda que quiera realizar el ejercicio de dicha actividad deberá obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de propietarios", expresa el nuevo texto. En concreto, para dar la autorización se precisa el voto favorable de tres quintas partes de los propietarios, que a su vez representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Esa misma mayoría puede acordar establecer cuotas especiales para la vivienda que se utilice como alojamiento turístico, siempre que no suponga un incremento de los gastos de más del 20%.
Desde las asociaciones vecinales valoran positivamente este cambio, que se traduce en una mayor capacidad de decisión por parte de los propietarios. "En cierta manera, esta medida desbloquea la posibilidad de que los propietarios puedan impedir la instalación de pisos turísticos en su comunidad", explican a 20minutos fuentes de la Confederación Española de Asociaciones Vecinales (CEAV), que ven "suficiente" la mayoría exigida para otorgar la autorización. "La mayoría de los propietarios no desean tener ese tipo de padecimiento en su edificio", argumentan.
Hasta ahora los vecinos ya podían vetar la apertura de pisos turísticos, tal y como el Tribunal Supremo ha respaldado en varias sentencias, pero era necesario recoger dicha prohibición en los estatutos de la comunidad. En cambio, a partir de este jueves el proceso es más sencillo, ya que basta con votar en una junta si se acepta o no la instalación del piso turístico en cuestión. Desde el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE), señalan que son muchas las comunidades de propietarios que ya en los últimos meses se han interesado por recoger la prohibición de este tipo de alojamientos en sus estatutos, aunque reconocen que ahora el proceso será menos costoso.
"Un cambio de estatutos requiere hacer una asamblea, tomar el acuerdo, elevarlo a público ante un notario, llevarlo al registro de la propiedad... Significa un coste para las comunidades", explica a este medio el tesorero del CGCAFE, Peio Mendia, que apunta que los gastos asociados a estas gestiones pueden alcanzar los 2.000 euros. "Ahora ya no se necesita hacer este trámite. Se puede seguir haciendo, porque así ya se ataja el asunto, pero no es necesario", añade, recalcando que las comunidades estarán a partir de estos momentos "más protegidas". "No se van a encontrar pisos turísticos de golpe. Podrán decidir si quieren regularlos, prohibirlos o permitirlos", subraya.
En caso de ponerse en marcha un alquiler vacacional en un edificio sin contar con el respaldo de los vecinos, la comunidad podrá requerir al propietario del inmueble el cese "inmediato" de la actividad antes de iniciar las correspondientes acciones legales. La obligación de contar con autorización previa no afecta a los pisos turísticos que ya estén funcionando legalmente, aunque los vecinos sí podrán denunciar a aquellos que no cuenten con licencia.
"Si hay una comunidad que está en contra de que haya un piso turístico ahí, la inspección tiene que funcionar", reclaman fuentes de CEAV. Las asociaciones vecinales piden más medidas restrictivas para combatir los pisos turísticos ilegales y tratar este tipo de actividades como un negocio. Desde su ámbito de acción, CEAV plantea poner en marcha observatorios en las zonas más afectadas que permitan hacer un seguimiento de este fenómeno y dotar de herramientas a los vecinos para combatirlos.
En esa línea, coincidiendo con el cambio normativo, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAV), que se reúne este jueves con el Ministerio de Consumo, puso en marcha este miércoles una red de oficinas y puntos de información denominada 'Stop Viviendas de Uso Turístico'. El objetivo es dar a conocer las novedades introducidas en la normativa vigente entre las comunidades de vecinos y difundir documentos útiles, como, por ejemplo, modelos de escritos para dirigirse a la Administración.
La proliferación de pisos turísticos está siendo problemática especialmente en las grandes ciudades, donde se concentran las dificultades de acceso a la vivienda y donde este tipo de alojamientos está generando problemas de convivencia al desplazar a los vecinos. Según datos del INE, entre agosto de 2023 y el mismo mes de 2024, el número de alquileres vacacionales en España creció un 16,6%. En total se contabilizan 396.883 viviendas con este uso, de las cuales la mitad se concentran en Andalucía (88.435), Comunidad Valenciana (71.186) y Cataluña (58.708).
El problema se agrava por el hecho de que muchos de estos pisos no tienen licencia. En Madrid capital, por ejemplo, el propio Ayuntamiento reconoce que existen entre 13.000 y 14.000 que operan de forma ilegal y el Ministerio de Consumo ha detectado más de 15.000. El fenómeno es generalizado en todas las grandes ciudades y zonas turísticas. "Es como una mancha de aceite. La tensión es mayor en las grandes ciudades, pero incluso en zonas de interior también está llegando este problema", advierten desde CEAV. Este tipo de alojamientos se han multiplicado en los últimos años al calor del auge turístico y como una fórmula utilizada por los propietarios para lograr rentabilidades más altas de las que obtendrían si alquilasen ese mismo piso como residencia habitual.
También el Ministerio de Vivienda celebra la entrada en vigor de la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, un cambio que recalcan que fue redactado en colaboración con los ayuntamientos y comunidades autónomas y en el que destacan el impulso del Gobierno. Desde el Ejecutivo reconocen que la proliferación de pisos turísticos está generando problemas de convivencia en algunas zonas y está haciendo crecer los precios, al reducir la oferta de inmuebles disponibles para alquilar como vivienda habitual.
Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, han defendido en los últimos meses que en España hacen falta "menos Airbnb y más vivienda". El Ejecutivo confía en que el "empoderamiento" de los vecinos permita poner coto a este tipo de alojamientos y señala también a la puesta en marcha a partir de julio de la Ventanilla Única Digital, una plataforma que exigirá a los propietarios con viviendas utilizadas como alquileres vacacionales contar con un número de identificación que verifique que el inmueble cumple con la normativa vigente para poder anunciarlo en plataformas online. Sin que sea todavía obligatorio, se han registrado ya en el sistema casi 9.000 pisos y hay cerca de 7.500 solicitudes en estudio, según el ministerio.
20Minutos
La silicosis, enfermedad respiratoria incurable de origen profesional causada por la inhalación de sílice cristalina, ha resurgido en España en las últimas dos décadas con un aumento acusado de casos. Desde 2007 hasta 2024 se han notificado 5.900 partes, 520 de ellos el año pasado, que suponen el máximo anual registrado hasta la actualidad, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Este repunte ha propiciado que diferentes agencias sanitarias hayan empezado a reevaluar en la última década los riesgos de la sílice cristalina respirable. El pasado año, el Ministerio de Sanidad publicó el informe 'La reemergencia de la silicosis en España', cuyos resultados se han presentado este jueves en una jornada organizada por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).
"España es uno de los países en los que se ha producido una reemergencia de la silicosis de forma más intensa durante el siglo XXI", ha advertido la directora del Centro de Nuevas Tecnologías del INSST, Olga Sebastián, en relación con los resultados del informe sobre la silicosis, que es la enfermedad profesional más antigua conocida, de carácter irreversible y considerada incapacitante.
La silicosis se ha asociado de forma tradicional con el sector de la minería, pero el repunte de las últimas décadas ha extendido su origen, fundamentalmente, a la fabricación y manipulación de aglomerados de cuarzo y piedra artificial, utilizados en encimeras de cocina y baños, y también a la construcción, a la metalurgia y a otros tipos de minería no metálica ni relacionada con la extracción energética.
"Hoy sabemos que la exposición a la sílice cristalina respirable no solo provoca silicosis, sino que también está implicada en ciertos procesos como el cáncer de pulmón, enfermedades inmunomediadas —como la artritis reumatoide, el lupus sistémico o la esclerodermia sistémica— y otras patologías respiratorias y vasculares", ha detallado el subdirector general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral del Ministerio de Sanidad, Santiago González, quien ha apuntado que, en los últimos seis años, se han diagnosticado 46 casos de cáncer de pulmón por exposición a silicosis, 19 de ellos en 2024.
"Lo que vemos es que, en el 40% de los casos, cuando el diagnóstico secundario es de silicosis, se combina con la artritis reumatoide y, en un 60% de los casos, con otras enfermedades inmunomediadas. Y cuando la silicosis es el diagnóstico principal, más del 50% de los casos son combinaciones con artritis reumatoide, mientras que el resto son otras enfermedades inmunomediadas", ha señalado la investigadora del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia Catherine Cavalin.
La media anual de partes por silicosis sigue creciendo, de forma que España no ha llegado todavía a una meseta, y la media anual de partes del último quinquenio es la más alta del periodo analizado, según ha alertado Cavalin, una de las autoras del informe de Sanidad.
De acuerdo con las conclusiones del informe, hay más personas afectadas entre los hombres que entre las mujeres, algo "esperable" debido a que en los sectores laborales en los que se origina esta enfermedad trabajan predominantemente hombres.
Sin embargo, los autores del estudio admiten que otro resultado que arrojan las conclusiones, "no tan esperado", es que afecta más a hombres jóvenes, por debajo de los 50 años. "Vemos que en el periodo realmente de reemergencia, entre 2007 y 2019, más del 50% de los partes que se refieren a hombres, son de hombres entre 30 y 49 años", ha precisado Cavalin.
Centrándose en el periodo 1990-2019, en el que se comunicaron 4.418 partes, el estudio apunta que Galicia fue la comunidad autónoma que concentró el mayor número de casos, con 1.454 (32,9%), seguida de Castilla y León, con 619 (14%), y de Andalucía, con 455 (10,3%).
El análisis de los procesos asistenciales por silicosis entre 1997 y 2020 confirma el fenómeno de la reemergencia de la silicosis en España. En total, hay 111.325 registros de procesos asistenciales entre estos años, de los que el 95,7% refleja la silicosis como diagnóstico secundario y el 4,3% como diagnóstico principal.
El estudio de la mortalidad entre 1990 y 2020 muestra que se registraron un total de 4.418 defunciones con diagnósticos relacionados a la silicosis. Los hombres representan el 98,5% de esos fallecimientos, casi todos (93,7%) por encima de los 60 años.
Del estudio se concluye que los costes sanitarios directos de la asistencia a los casos de silicosis corren a cargo del Sistema Nacional de Salud (SNS), que financió el 97,5% de los procesos asistenciales entre 1997 y 2020, mientras que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social financian el 0,5% de los procesos.
El informe presentado este jueves incluye algunas recomendaciones para mejorar el conocimiento sobre la silicosis en España y su abordaje, como considerar la prohibición de los aglomerados de cuarzo o una reglamentación mucho más estricta del trabajo con estos materiales, que constituyen el principal sector de origen de la silicosis, siguiendo el ejemplo de otros países como Australia o California.
Además, aboga por seguir investigando acerca de la silicosis y de otras enfermedades laborales asociadas a la exposición a la sílice cristalina y profundizar en el estudio del impacto en las mujeres. También sugiere extremar las medidas de vigilancia y seguimiento sobre los principales sectores productivos que están en el origen de la reemergencia, así como extender el reconocimiento de enfermedad profesional causada por la sílice cristalina a enfermedades inmunomediadas sistémicas, tales como la esclerodermia sistémica, la artritis reumatoide o el lupus sistémico.
A este respecto, la jefa de Área de Salud Laboral en el Ministerio de Sanidad, Montserrat García, ha reclamado la elaboración de un plan similar al Programa Integral de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Expuestos a Amianto para la población expuesta al sílice.
Estos animales eran hasta un 25 % más grandes que los lobos grises y tenían un pelaje claro y grueso y unas mandíbulas más fuertes. Desextin...
