Metropoli
La Fiscalía Provincial de Barcelona ha reclamado a la Agència de l'Habitatge de Catalunya que imponga una sanción a la empresa responsable de arrendar 18 infraviviendas en Badalona, unas dependencias ilegales de apenas 15 metros cuadrados que se alquilaban a precios de entre 350 y 650 euros mensuales.
Según ha explicado la fiscal de consumo, Paloma Pelegrín, la actuación judicial se ha originado a raíz de una denuncia presentada por el Ayuntamiento de Badalona, que ha permitido descubrir el local donde se habían levantado estas pequeñas viviendas.
Durante la inspección, las autoridades comprobaron que vivían en ellas entre 25 y 30 personas, incluyendo familias con menores a su cargo, en condiciones insalubres y peligrosas.
Los espacios, ubicados en un local de la calle Sant Joan de la Creu, en el barrio de Sant Crist, carecían de ventilación, ventanas y medidas de seguridad básicas, y presentaban graves deficiencias eléctricas y de evacuación, incumpliendo toda la normativa vigente en materia de habitabilidad.
Desalojo
Tras el desalojo realizado en octubre de 2024, la Fiscalía requirió al consistorio que ofreciera alternativas de alojamiento a las familias afectadas y solicitó a las autoridades competentes que sancionaran a la empresa responsable. Aunque inicialmente la Agència Catalana del Consum alegó no tener competencia, el ministerio público ha reiterado su petición a la Agència de l'Habitatge hace dos semanas, reclamando una actuación firme.
El Ayuntamiento, por su parte, ha asegurado que actuará con la “máxima contundencia” contra los responsables, recordando que las multas por este tipo de infracciones pueden alcanzar entre 10 y 15 millones de euros.
Los hechos salieron a la luz gracias a la denuncia de un particular, que alertó sobre las obras ilegales en el inmueble, lo que permitió a la Guardia Urbana de Badalona descubrir el caso y poner fin a una situación de grave vulneración de derechos habitacionales.


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