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La expansión del virus, que ha sido detectado esta semana en dos ejemplares de jabalí hallados muertos en Bellaterra, obliga a adoptar un protocolo sanitario muy estricto y con un severo impacto económico
La localización, el pasado miércoles, en la sierra de Collserola de dos cadáveres de jabalí infectados con el virus de la peste porcina africana (PPA) ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. La enfermedad, que en España no se detectaba desde 1994, pero que ahora llevaba ya un tiempo avanzando por Europa, es altamente contagiosa entre los animales, por lo que obliga a activar un estricto protocolo de prevención y seguridad. No se contagia de ningún modo a los humanos, ni por la ingesta de alimentos ni por estar en contacto con ejemplares infectados.
De entrada, las granjas de porcino situadas en un radio de 20 kilómetros del lugar donde se han hallado los dos jabalís muertos van a quedar confinadas. Pero el impacto más grave lo van a sufrir las exportaciones de carne de porcino de España a países terceros, que de momento van a tener que ser paralizadas.
La detección de signos clínicos (fiebre, diarrea, enrojecimiento de la piel, muerte súbita) o cadáveres en el medio silvestre es de notificación obligatoria e inmediata a las autoridades veterinarias, según órdenes de la Unión Europea, que considera la peste porcina como enfermedad de categoría A, por lo que los Estados miembros deben adoptar medidas precisas para lograr su control y erradicación lo antes posible en las zonas afectadas.
En caso de que se declare un brote, se restringen los movimientos de animales y productos porcinos en un radio de 20 kilómetros a la redonda. Se prohíbe el movimiento de cualquier elemento (animales, vehículos, trofeos de caza, etc.) que pueda propagar el virus fuera del foco. Las granjas afectadas limitar el tráfico de personas, vehículos y equipos, realizar una desinfección regular y un control de la alimentación, lo que incluye la prohibición de dar desechos de comida sin cocción adecuada.
Si se detecta un caso en una explotación, el protocolo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación incluye el sacrificio de todos los animales afectados y de contacto para erradicar el foco. En el caso de la fauna salvaje, se insta a los cazadores a que colaboren en la detección de jabalíes enfermos o muertos y para el control de sus poblaciones, lo que ayuda a prevenir la propagación de la enfermedad.
El principal impacto proviene del cierre inmediato y automático de los mercados de exportación de carne y productos porcinos a nivel internacional, incluso si el brote es localizado. España es un exportador importante y el bloqueo comercial supondría pérdidas millonarias. Solo en Catalunya, el año pasado las exportaciones del sector supusieron el 19,3% del total exportado en el segmento de alimentos y bebidas.
Todo ello tiene, además, unos costes directos sobre los ganaderos, encargados de la gestión de la crisis, incluyendo el sacrificio masivo de animales y la limpieza y desinfección de explotaciones, para las que están ya previstas indemnizaciones por parte de las administraciones. Hay también un impacto en la cadena de valor, desde los productores de piensos y transportistas hasta la industria cárnica y los distribuidores.
